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(Extraído de nuestra tesis de maestría: "La Seguridad en la República Dominicana y su Impacto en el Desarrollo Nacional")
Según Gámez Heikel, la seguridad
económica puede ser definida como:
Potestad
del Estado – Nación para regular, proteger, fomentar, administrar, controlar,
planificar, sancionar y ejecutar bajo un modelo político económico adoptado por
el gobierno, con fundamento en la Constitución y las leyes, la obtención de
recursos necesarios para alcanzar su fin último, cual es el desarrollo humano
integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. (http://www.monografias.com/trabajos15/seguridad-economica/seguridad-economica.shtml
visitada el 16-11-2011)
Este mismo autor agrega que este tipo
de seguridad tiene varios sentidos, ya que la misma involucra la estabilidad de
los valores comerciales; la jurisdicción de las relaciones económicas; la
regularidad de los procesos que implica la dinámica de la economía nacional;
otro de los sentidos a los cuales se refiere Heikel es a la estabilidad del
empleo en cuanto a los efectos sobre el individuo en su economía personal y de
sus compromisos y aspiraciones.
Un estudio presentado por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2004, deja sentado que la seguridad
económica promueve el bienestar personal, la felicidad y la tolerancia, además
de ser beneficiosa para el crecimiento y desarrollo de los países. El mismo
informe destaca que un mayor nivel de seguridad económica, cuando va asociado a
la democracia y a la inversión del Estado en seguridad social, contribuye a
lograr un mayor crecimiento y promueve la estabilidad social.
Al referirse a la Seguridad económica, el Libertador Simón Bolivar la definió como una garantía y protección proporcionada por la sociedad a todos y cada uno de los ciudadanos mediante la cual se cuida de su persona, derechos y propiedades. Agregaba el procer venezolano que la libertad pública e individual que nace de este principio, debía estar protegida por la ley.
En el informe del estudio de la OIT mencionado anteriormente se concluye entre otras cosas en que los gobiernos y organismos internacionales deberían fomentar modelos de carácter universal, basados en los derechos, que proporcionen a las personas una seguridad económica básica, en lugar a recurrir a modelos selectivos, que están condicionados por los logros económicos.
En la República Dominicana, es necesario que las autoridades estatales lleven a cabo políticas encaminadas a desarrollar la economía productiva, desarrollando a la vez la economía social, apoyados principalmente en una política fiscal y monetaria congruentes y acordes a la realidad sociocultural de nuestro país.
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