Me
canso de buscar los apátridas y no los encuentro. Estoy plenamente convencido
de que nuestro país está siendo sometido a un chantaje con el cuco de
la apatridia.
La
República Dominicana viene siendo blanco de una serie de ataques y acusaciones
de parte de algunos países miembros de la Comunidad Internacional, así como de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), de crearle a una gran cantidad de
personas una situación de apatridia.
En
la Enciclopedia Jurídica, encontramos la definición del vocablo apatridia estableciendo que el mismo es
usado en el Derecho Internacional, como la cualidad atribuida a aquellas
personas no unidas a ningún Estado por un vínculo de nacionalidad.
A su
vez, el concepto de nacionalidad se
entiende como aquella condición que poseen los habitantes de un lugar
específico por medio de la cual se les reconoce su pertenencia a este espacio
geográfico, sea una nación o Estado, por lo que son acreedores de derechos, como
también les corresponden deberes y obligaciones.
Este
tipo de nacionalidad es conocida como originaria, pues muchos Estados tienen
diversos modos de obtenerla y no únicamente por el nacimiento. Dependiendo del
sistema jurídico del Estado de que se trate, puede combinar dos aspectos que la
determinen, como son: el ius sanguinis
o derecho sanguíneo que es el que toma en cuenta el linaje al que pertenece la
persona bajo la premisa de que todo individuo hereda la nacionalidad de su
madre o de su padre; y el ius soli o derecho de suelo, mediante el cual la
persona recibe la asignación de la nacionalidad que le compete al lugar de su
nacimiento.
En
la República Dominicana el derecho a la nacionalidad se consigna por esta
combinación, como por el matrimonio y por la naturalización. La Constitución
Dominicana del año 2010 así lo establece en sus Artículos 18 al 20, consignando que a toda persona nacida en
nuestro territorio le corresponde la nacionalidad dominicana. Pero también se
establece que a los hijos de dominicanos les corresponde nuestra nacionalidad
sin importar el lugar de su nacimiento.
Siendo
así, todo nacido en la República Dominicana es dominicano sólo con dos
excepciones, a saber:
- Los hijos de miembros del Cuerpo Diplomático y
Consular; y
- Los hijos de extranjeros que se hallen en
tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano.
Las
disposiciones constitucionales del vecino país de Haití reconocen como haitiano
a todo hijo de padre o madre haitiana donde quiera que se encuentren, agregando
que nunca hayan renunciado a la nacionalidad haitiana, y va más lejos al
establecer que son haitianos desde el momento de su nacimiento. Es decir, que
no hay colisión entre los dos textos constitucionales, pues la nacionalidad que
niega el nuestro, aquel la establece como derecho de nacimiento.
Pero
debemos tener presente que a las personas exceptuadas se les debe dotar de sus
documentos en los países de origen de sus padres, de manera que no hay
posibilidad de que queden como apátridas.
Es
harto sabido que en el caso haitiano, este país exhibe una gran negligencia en
dotar a sus nacionales de los documentos requeridos, lo que muchos atribuyen a
una intención velada de no reconocerlos como haitianos y que la República
Dominicana tenga que asumirlos como dominicanos, y en la mayor parte de los
casos estos ni siquiera hablan nuestro idioma, ni tienen domicilio reconocido
en nuestro país. Lo que sí es visible es que los haitianos pasan por la
frontera a radicarse en el nuestro, bajo la dirección de las cabezas que
dirigen la inmigración ilegal descontrolada y sus cómplices del patio, para dar
la idea de que son dominicanos que se les niega el acceso a sus derechos
humanos, en el entendido de que estas personas pudieran ser apátridas de hecho.
Mientras
tanto el plan es que sigan entrando para inmediatamente estén de este lado,
empezar la nacionalización o naturalización, proceso que llevan a cabo las ONGs
pro haitianas.
La
República dominicana sigue recibiendo un flujo de inmigrantes haitianos
ilegales que rebasan la capacidad estatal de suplir las necesidades de salud,
educación, y de empleo, afectando grandemente a la población dominicana. Lo peor
de todo este panorama es que no se ve una actitud decidida de nuestras
autoridades, a actuar de acuerdo a nuestras leyes y el Derecho Internacional
para enfrentar este plan maligno contra nuestra nacionalidad y soberanía.
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