En los
tiempos actuales hablar de Seguridad Ciudadana es el “padre nuestro” del día a día, en todos los sectores se vive con el
grito al cielo por el auge de la delincuencia. Sin embargo, en el gobierno entienden que la gente ve el
problema con unos nuevos lentes de aumento que estos han dado en llamar “percepción”.
Por
qué hablar tanto sobre la Seguridad? Pues porque la misma es vital para las
personas, en el sentido de que indica presencia de confianza para la vida y la
convivencia, así como de certidumbre para un futuro estable y feliz. Porque
sugiere ausencia tanto de riesgos como de amenazas, lo que la convierte en una necesidad humana de importancia
fundamental, por lo tanto es un derecho de la ciudadanía, y sobre el Estado
recae la obligación de proporcionarla. De ahí que se le exija a las autoridades
más empeño en la función garantizadora de aquella.
Como
necesidad humana, el psicólogo humanista Abraham Maslow (1908 – 1970) la
clasificaba en segundo lugar en su famosa pirámide de las necesidades humanas,
sólo antecediéndole las necesidades fisiológicas. Con su satisfacción se
persigue la creación y mantenimiento de un estado de orden, de estabilidad, y
de protección, entre otras. Cuando falta, aparece el temor de las personas a
perder el control de su vida y le asalta el miedo a lo desconocido y a la
anarquía.
Lo
cierto es, que el tema de la Seguridad Ciudadana y la falta de un abordaje por
lo menos aceptable por parte de las autoridades gubernamentales, ha adquirido
en la República Dominicana ribetes de calamidad. Existe en el país una profusa
normativa legal referente a la seguridad ciudadana que al parecer es letra muerta, por la falta de
seguimiento y cumplimiento a sus disposiciones.
Además
de las disposiciones constitucionales relativas a la seguridad, como ejemplo de
lo anterior recordamos que el Decreto N0. 263-05 creaba el Plan de Seguridad
Democrática que llevaban a cabo el Ministerio de Interior y Policía, La
Procuraduría General de la República, y la Policía Nacional, mediante el cual
se ponía en ejecución la cacareada y esperada reforma
policial, teniendo en cuenta que la institución del orden juega un papel de
principalía en el problema. Existe oscuridad sobre la suerte corrida por esta
iniciativa. Lo mismo debemos decir sobre
el Decreto N0. 315-06 que creaba el Consejo Nacional de Seguridad para asesorar
al Presidente de la República en asuntos relativos a la Seguridad Nacional
entre las que se encontraban diseñar acciones contra el crimen organizado, el
narcotráfico, el tráfico humano y de armas; además de servir de soporte en la
aplicación del Plan de Seguridad
Democrática.
En
la República Dominicana no podremos contar con niveles aceptables de seguridad
ciudadana:
- mientras el abordaje del flagelo no sea de la
mayor preponderancia como establece la Constitución de la República del 2010
en su Artículo N0. 260 que nombra entre los objetivos de alta prioridad
nacional “Combatir actividades
criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la
República y de sus habitantes”
(porque la criminalidad está conectada de una forma u otra con el
crimen internacional);
- mientras en los planes del gobierno (si es que
existen) no se consideren como amenazas para la seguridad ciudadana la
pobreza, la exclusión y desigualdad social, así como el desequilibrio
económico;
- mientras para revertir los miedos, la sensación
de desamparo, y aislamiento de las personas, reducción de confianza
ciudadana en las relaciones sociales, desconfianza en las instituciones,
principalmente en la Policía Nacional, no se tome como premisa que dichos
planes deben confluir con los planes de desarrollo y que sólo así estos
serán efectivos en la prevención de la violencia y en la reducción de los
índices de criminalidad.
En
otras palabras, aspiramos a una seguridad
integral, proporcionada por el Estado, bajo la regulación de la ley,
entendida como derecho de las personas y de la sociedad en su conjunto. Porque
sin un entorno de paz y seguridad no puede haber desarrollo, y sin desarrollo
no puede haber un ambiente de seguridad y paz. Por lo tanto, las autoridades
políticas del país deben asumir la interdependencia y correlación existente
entre la Seguridad y el Desarrollo.
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