¿DÓNDE ESTÁN LOS APÁTRIDAS? (Publicado en acento.com.do)

Me canso de buscar los apátridas y no los encuentro. Estoy plenamente convencido de que nuestro país está siendo sometido a un chantaje con el cuco de la apatridia.

La República Dominicana viene siendo blanco de una serie de ataques y acusaciones de parte de algunos países miembros de la Comunidad Internacional, así como de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), de crearle a una gran cantidad de personas una situación de apatridia.

En la Enciclopedia Jurídica, encontramos la definición del vocablo apatridia estableciendo que el mismo es usado en el Derecho Internacional, como la cualidad atribuida a aquellas personas no unidas a ningún Estado por un vínculo de nacionalidad.

A su vez, el concepto de nacionalidad se entiende como aquella condición que poseen los habitantes de un lugar específico por medio de la cual se les reconoce su pertenencia a este espacio geográfico, sea una nación o Estado, por lo que son acreedores de derechos, como también les corresponden deberes y obligaciones.

Este tipo de nacionalidad es conocida como originaria, pues muchos Estados tienen diversos modos de obtenerla y no únicamente por el nacimiento. Dependiendo del sistema jurídico del Estado de que se trate, puede combinar dos aspectos que la determinen, como son: el ius sanguinis o derecho sanguíneo que es el que toma en cuenta el linaje al que pertenece la persona bajo la premisa de que todo individuo hereda la nacionalidad de su madre o de su padre; y el ius soli o derecho de suelo, mediante el cual la persona recibe la asignación de la nacionalidad que le compete al lugar de su nacimiento.

En la República Dominicana el derecho a la nacionalidad se consigna por esta combinación, como por el matrimonio y por la naturalización. La Constitución Dominicana del año 2010 así lo establece en sus Artículos 18 al 20,  consignando que a toda persona nacida en nuestro territorio le corresponde la nacionalidad dominicana. Pero también se establece que a los hijos de dominicanos les corresponde nuestra nacionalidad sin importar el lugar de su nacimiento.

Siendo así, todo nacido en la República Dominicana es dominicano sólo con dos excepciones, a saber:

• Los hijos de miembros del Cuerpo Diplomático y Consular; y
• Los hijos de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano.

Las disposiciones constitucionales del vecino país de Haití reconocen como haitiano a todo hijo de padre o madre haitiana donde quiera que se encuentren, agregando que nunca hayan renunciado a la nacionalidad haitiana, y va más lejos al establecer que son haitianos desde el momento de su nacimiento. Es decir, que no hay colisión entre los dos textos constitucionales, pues la nacionalidad que niega el nuestro, aquel la establece como derecho de nacimiento.

Pero debemos tener presente que a las personas exceptuadas se les debe dotar de sus documentos en los países de origen de sus padres, de manera que no hay posibilidad de que queden como apátridas.

Es harto sabido que en el caso haitiano, este país exhibe una gran negligencia en dotar a sus nacionales de los documentos requeridos, lo que muchos atribuyen a una intención velada de no reconocerlos como haitianos y que la República Dominicana tenga que asumirlos como dominicanos, y en la mayor parte de los casos estos ni siquiera hablan nuestro idioma, ni tienen domicilio reconocido en nuestro país. Lo que sí es visible es que los haitianos pasan por la frontera a radicarse en el nuestro, bajo la dirección de las cabezas que dirigen la inmigración ilegal descontrolada y sus cómplices del patio, para dar la idea de que son dominicanos que se les niega el acceso a sus derechos humanos, en el entendido de que estas personas pudieran ser apátridas de hecho.

Mientras tanto el plan es que sigan entrando para inmediatamente estén de este lado, empezar la nacionalización o naturalización, proceso que llevan a cabo las ONGs pro haitianas.

La República dominicana sigue recibiendo un flujo de inmigrantes haitianos ilegales que rebasan la capacidad estatal de suplir las necesidades de salud, educación, y de empleo, afectando grandemente a la población dominicana. Lo peor de todo este panorama es que no se ve una actitud decidida de nuestras autoridades, a actuar de acuerdo a nuestras leyes y el Derecho Internacional para enfrentar este plan maligno contra nuestra nacionalidad y soberanía.

Dejémonos ya de andar por el mundo implorando, y no enarbolando nuestros derechos de país soberano.

LA POLÍTICA DEL PICA-POLLO (publicado en acento.com.do)

“La política no es una especulación;

 es la ciencia más pura, y la más digna,

después de la filosofía, de ocupar las

inteligencias nobles”.

Juan Pablo Duarte

La moral ha sido definida como el conjunto de creencias y normas que guían y orientan el comportamiento de las personas, individualmente o en grupo, en una sociedad determinada. Así que al referirnos a la moral, estamos hablando de un valor o parámetro existente mediante el cual se establece lo que está bien o mal.

En cambio, se conoce como política a la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que orientan y encaminan a la sociedad. Como ciencia, trata del gobierno y la organización de los Estados y la Sociedad. También se entiende como un arte, como doctrina, u opinión cuya tarea primordial está orientada al bien común.

Esta breve conceptualización viene a cuento como introito a un alerta por los tiempos que vivimos en República dominicana, donde al parecer los preceptos de la moral, por el accionar de gran parte de la sociedad ha roto el nexo que siempre debe existir entre estos dos conceptos.

Los valores morales se ausentan cada día más, tanto en el proceder, como en la concepción de los ciudadanos. Muchos de los problemas que enfrenta el país son consecuencia de la pérdida de tales valores, que se manifiesta en la falta de moralidad de gran parte del liderazgo nacional, donde la corrupción, la injusticia,  y falta de compromiso social corroen la confianza del pueblo en aquellos, y al ver que no existe un sistema de sanción a tal comportamiento, opta por la imitación de aquella actitud aberrante.

Es de gran dimensión la crisis moral en que han caído la mayor parte de las organizaciones políticas de nuestro país, donde un líder promete una cosa hoy y hace otra mañana, donde las candidaturas de los partidos se venden al mejor postor, que ve usted dirigentes y candidatos que se cambian de partido como cambiarse de ropa, sin tener en cuenta ningún tipo de ideal ni diferencias de concepciones políticas, donde la gente vota por tal o cual candidato a cambio de unos cuantos pesos, una botella de ron, o un pica-pollo, a sabiendas que aquel sólo busca llegar al poder a servirse con la cuchara grande y darle riendas sueltas a su accionar corrupto.

Sin embargo, el discurso de los políticos está lleno de referencias a la moral, y nunca se referirán a esta en forma despectiva, aunque en la práctica tiren sus preceptos al zafacón; me recuerdan tanto al lobo disfrazado de la abuela, ante un pueblo con su caperuza que lo hace tonto, ignorante y débil; o a aquel político que diserta ante una multitud, acerca de la moral, mientras viste de calzoncillos. No obstante, están consciente del intercambio de valores y se atreven a enarbolar su falta de moralidad y ética pues gran parte del pueblo se lo celebra.

Como ejemplo, vemos el hecho reciente en que un diputado recién electo anunció en su cuenta de Instagram que celebraba su triunfo en las elecciones pasadas “armao, bebío y con cuartos”, acompañando su mensaje de una foto en que aparecen varias armas de fuego y bebidas alcohólicas. También ha ocupado muchas columnas de los principales diarios y medios de comunicación, la noticia de la recién elección de 6 nuevos congresistas, que presuntamente mantienen conexión con el narcotráfico y el lavado de activos. Lo peor de todo es que no ve usted a la clase política escandalizarse y pronunciarse al respecto rechazando, de resultar cierta, tal condición.

Lamentablemente, la falta de moralidad en la política ha sido impulsada por el populismo, el pragmatismo político y los nuevos paradigmas nocivos.

Tenemos el convencimiento de que se hace urgente que en la República Dominicana se tomen medidas que vayan dirigidas a concienciar a la población estudiantil, a la clase política, y a la ciudadanía en general sobre la importancia de cultivar los valores morales de manera que se apliquen en las concepciones políticas y programas de gobierno, lo que redundaría en el fin último de la ciencia política que es el bien común, pues sin preceptos morales la autoridad se convierte en tiranía.

INTERDEPENDENCIA ENTRE LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO (publicado en acento.com.do)

En los tiempos actuales hablar de Seguridad Ciudadana es el “padre nuestro” del día a día, en todos los sectores se vive con el grito al cielo por el auge de la delincuencia. Sin embargo,  en el gobierno entienden que la gente ve el problema con unos nuevos lentes de aumento que estos han dado en llamar “percepción”.

Por qué hablar tanto sobre la Seguridad? Pues porque la misma es vital para las personas, en el sentido de que indica presencia de confianza para la vida y la convivencia, así como de certidumbre para un futuro estable y feliz. Porque sugiere ausencia tanto de riesgos como de amenazas, lo que la convierte en una necesidad humana de importancia fundamental, por lo tanto es un derecho de la ciudadanía, y sobre el Estado recae la obligación de proporcionarla. De ahí que se le exija a las autoridades más empeño en la función garantizadora de aquella.

Como necesidad humana, el psicólogo humanista Abraham Maslow (1908 – 1970) la clasificaba en segundo lugar en su famosa pirámide de las necesidades humanas, sólo antecediéndole las necesidades fisiológicas. Con su satisfacción se persigue la creación y mantenimiento de un estado de orden, de estabilidad, y de protección, entre otras. Cuando falta, aparece el temor de las personas a perder el control de su vida y le asalta el miedo a lo desconocido y a la anarquía.

Lo cierto es, que el tema de la Seguridad Ciudadana y la falta de un abordaje por lo menos aceptable por parte de las autoridades gubernamentales, ha adquirido en la República Dominicana ribetes de calamidad. Existe en el país una profusa normativa legal referente a la seguridad ciudadana que al parecer es letra muerta, por la falta de seguimiento y cumplimiento a sus disposiciones.

Además de las disposiciones constitucionales relativas a la seguridad, como ejemplo de lo anterior recordamos que el Decreto N0. 263-05 creaba el Plan de Seguridad Democrática que llevaban a cabo el Ministerio de Interior y Policía, La Procuraduría General de la República, y la Policía Nacional, mediante el cual se ponía en ejecución la cacareada y esperada  reforma policial, teniendo en cuenta que la institución del orden juega un papel de principalía en el problema. Existe oscuridad sobre la suerte corrida por esta iniciativa.  Lo mismo debemos decir sobre el Decreto N0. 315-06 que creaba el Consejo Nacional de Seguridad para asesorar al Presidente de la República en asuntos relativos a la Seguridad Nacional entre las que se encontraban diseñar acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico humano y de armas; además de servir de soporte en la aplicación  del Plan de Seguridad Democrática.

En la República Dominicana no podremos contar con niveles aceptables de seguridad ciudadana:

• mientras el abordaje del flagelo no sea de la mayor preponderancia como establece la Constitución de la República del 2010 en su Artículo N0. 260 que nombra entre los objetivos de alta prioridad nacional “Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes”  (porque la criminalidad está conectada de una forma u otra con el crimen internacional);
• mientras en los planes del gobierno (si es que existen) no se consideren como amenazas para la seguridad ciudadana la pobreza, la exclusión y desigualdad social, así como el desequilibrio económico;
• mientras para revertir los miedos, la sensación de desamparo, y aislamiento de las personas, reducción de confianza ciudadana en las relaciones sociales, desconfianza en las instituciones, principalmente en la Policía Nacional, no se tome como premisa que dichos planes deben confluir con los planes de desarrollo y que sólo así estos serán efectivos en la prevención de la violencia y en la reducción de los índices de criminalidad.

En otras palabras, aspiramos a una seguridad integral, proporcionada por el Estado, bajo la regulación de la ley, entendida como derecho de las personas y de la sociedad en su conjunto. Porque sin un entorno de paz y seguridad no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber un ambiente de seguridad y paz. Por lo tanto, las autoridades políticas del país deben asumir la interdependencia y correlación existente entre la Seguridad y el Desarrollo.

LA EXIGUA COMPENSACIÓN POR LA OPERACIÓN POWER PACK (publicado en acento.com.do)

Invasión, es el término que usaremos para identificar la Operación Power Pack, que fue el nombre dado por los planificadores estratégicos  a la maniobra militar puesta en ejecución para invadir la República Dominicana el 28 de abril de 1965.

El 29 de abril, pero de 1963, se había promulgado en Santo Domingo la Constitución que según gran parte del pueblo, incluidos juristas, versados, y legos; ha sido una de las más progresistas que ha tenido la República.

Esta moderna Constitución fue impulsada por el Profesor Juan Bosch que había regresado de su exilio y ganado las primeras elecciones democráticas luego de ajusticiado el Dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bosch, era visto con ojeriza por los norteamericanos y las fuerzas remanentes del régimen recién decapitado, debido a su orientación izquierdista. Se sumaban a estas fuerzas adversas, una gran parte de los militares de la época, de la oligarquía, y de la cabeza eclesiástica. Es así como, parte de los disgustados con las nuevas ejecutorias de este gobierno, en conjunto, traman y ponen en ejecución un golpe de estado, que termina con la imposición de un gobierno provisional compuesto por un triunvirato civil.

A partir de entonces en todo el territorio nacional comienza a vivirse un clima de gran inestabilidad política por las disputas entre los rebeldes pro Bosch contra los pro golpistas y el sector militar de San Isidro. Estos hechos originan la guerra civil que se conoce como La Revolución de Abril de 1965.

Los hechos son historia, ahora nos concierne recordar los acontecimientos que marcan la invasión norteamericana y el papel jugado por la Organización de Estados Americanos (OEA), viniendo a cuento en ocasión de “la compensación” que a pedido del Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina,  fuera aprobada  a unanimidad, en el escenario del Cuadragésimo Sexto Período de Sesiones del organismo, celebrado en la capital dominicana. Al Presidente Medina le queda el lauro (independientemente del móvil)  de haber sacado la cara por nuestro país, al solicitar y obtener el reconocimiento del organismo internacional de que República Dominicana, con su anuencia y patrocinio, fue victima de una agresión flagrante y abusadora a su soberanía.

La Junta Militar del sector de San Isidro, el día 28 de Abril solicita la intervención militar de los Estados Unidos, alertando sobre un posible triunfo de “los comunistas” . Esto no puede haber sido más que una treta planificada que sería excusa para llevar a cabo la invasión, pues de manera increíblemente rápida, ese mismo día se encontraba ya desembarcando en Santo Domingo el primer grupo de 42 mil marines estadounidenses encabezando las tropas de invasión, una fuerza que no se toma horas para conformarla. Se llegó más lejos, y, al Coronel Benoit, que encabezaba la mencionada Junta Militar, se le hizo rectificar la solicitud anterior, esta vez informando el peligro que corrían los ciudadanos estadounidenses en el país, lo que sería tomado como justificación para la acción bélica. Qué nos deja entrever esto? Pues que la invasión es ideada y liderada por los Estados Unidos de Norteamérica y nadie más.

¿Cuando y cómo entra al escenario la OEA? La respuesta, para entonces, estaba al discernimiento y vista de la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, pues la gran Comunidad Internacional reprobaba tales acciones. Por esto, a solicitud de los Estados Unidos se conforma en la OEA (ya con las fuerzas invasoras en Santo Domingo) una llamada “Fuerza Interamericana de Paz”, que sólo agregaba a las tropas estadounidenses unos pocos soldados  de cada uno de los países que aprobaron tal solicitud. Como se puede advertir, se buscaba  dar “legalidad” a la acción en contra de la soberanía dominicana.

Aún quedan rastros de retama en el paladar del pueblo dominicano, aún queda dolor por los miles de dominicanos muertos, por el desconocimiento de la Carta de la propia organización que legitima la invasión, por su historial de poca credibilidad en su accionar; y convencidos de que es exigua la compensación que hace la OEA. Pero nos queda la esperanza de que hechos como estos no se repitan, pues la soberanía es suprema, inalienable, y un derecho fundamental de los Estados de la Comunidad Internacional.